Acuífero en peligro

Este blog tiene el propósito de compartir información y opiniones a la sociedad lagunera y a quienes en el país o fuera de México se interesen por el delicado tema de las reservas de agua contenidas en el denominado "acuífero lagunero" ubicado en la región comprendida entre las colindancias de los estados de Coahuila y Durango, mejor conocida como Región Lagunera.

Como antecedente general, vale decir que la Región Lagunera se distinguió desde fines del siglo XIX por ser una región apta para la producción agrícola dada la abundancia de agua proveída por las avenidas del río Nazas. Durante la primera mitad del siglo veinte, la región tuvo un desarrollo constante y prometedor basado principalmente en la producción de algodón. El cultivo se realizaba con base en la llamada "agua rodada", o sea, la procedente del río Nazas captada por la presa Lázaro Cárdenas, agua que con el tiempo fue conducida mediante los llamados "tajos" a toda el área de cultivo. La Laguna vivió su mejor época de desarrollo y progreso hasta los años sesenta, pero más o menos a partir de esas fechas empezaron a presentarse problemas con la comercialización del algodón. Los precios internacionales estaban haciendo incosteable el cultivo, lo que llevó a la quiebra a los productores e industriales dedicados a dicha rama productiva, motor principal de la economía lagunera. La región se vio afectada grandemente por lo que se pensó en la necesidad de buscar otras alternativas que sustituyeran las actividades propias relacionadas con el algodón. Ya para estas fechas se había iniciado la perforación de pozos profundos cuyo fin era apuntalar la actividad agropecuaria.

Fue así como desde 1960 se planeó el cambio de actividad agrícola para sustituirla por la actividad pecuaria principalmente basada en la producción de leche vacuna aparejándola con su industrialización. A la sazón se desató una fiebre por la perforación de pozos profundos para apuntalar la recién iniciada producción pecuaria basada en la siembra de alfalfa, cultivo casi indispensable para la producción de leche. Tan desbordado fue el entusiasmo por extraer agua del subsuelo que causó alarma en ciertos sectores de la sociedad lagunera, los que clamaban por un control efectivo de dicha extracción; fue tal la presión social que el presidente Carlos Salinas de Gortari emitió el 12 de agosto de 1991 un "Reglamento" que establecía el límite de extracción de agua subterráneas en 600 millones de metros cúbicos anuales, es decir, el volumen estimado de recarga anual del acuífero. Se establecía así un uso y explotación racional del mismo. Este Reglamento sigue vigente según la Ley de Aguas Nacionales. 

Sin embargo, el reglamento jamás fue respetado y hasta la fecha (2014), el volumen de agua extraída del acuífero lagunero es de más de 1,200 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a casi el doble de la recarga natural. En otras palabras, durante los últimos años el acuífero lagunero ha sido sobreexplotado sin misericordia alguna, lo que ha dado lugar, por una parte, a una pérdida de más de 150 metros del nivel freático en los últimos cincuenta años, y, por la otra, a que actualmente los niveles de contaminación de arsénico y otros metales nocivos para la salud humana están presentes en todos los sistemas de agua potable de las ciudades y las comunidades rurales. En un alto porcentaje de pozos que surten estos conglomerados humanos el contenido de arsénico rebasa por mucho la norma internacional e incluso la norma mexicana, que es todavía más laxa.

Lo anterior apunta hacia un desastre ecológico a presentarse en pocos años, lo que afectaría grandemente a toda una región social y económica importante del país.

Pero, ¿cuál ha sido el papel jugado por la llamada "autoridad del agua", en este caso la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) denominada localmente como Cuencas Centrales del Norte? Su papel ha sido lamentable, ya que no ha logrado detener la sobreexplotación. Jamás ha logrado que el 100% de los concesionarios instalen el denominado "medidor volumétrico" que por ley se comprometen a instalar cuando se les otorga la concesión. CONAGUA declara que sólo hay un determinado porcentaje de medidores instalados, pero no existe personal que esté verificando si dichos medidores se encuentran en operación y si el concesionario se está sujetando a los volúmenes autorizados. No hay ningún registro al respecto. Tampoco hay un registro confiable de las concesiones otorgadas. Tampoco conoce de la existencia de pozos "ilegales" (piratas) que han sido denunciados aún por productores agropecuarios.

Es tal el desbarajuste en Cuencas Centrales del Norte que en octubre del 2003, el entonces director de esta dependencia, Miguel Ángel Jurado, declaró que "el acuífero estaba fuera de control", pero prometía someterlo al orden, lo que a la fecha no ha sucedido a pesar de la misma promesa de los diferentes directores que han pasado por esa dependencia en los años recientes.